TEMA 16: La España actual.
16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución. (hasta octubre de 1982, primer gobierno socialista).
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Se entiende por
Transición a la democracia
(1975-1982) el cambio gradual y pacífico desde la dictadura a la democracia que
se desarrolló en España desde la muerte del general Franco hasta el triunfo del
PSOE en las elecciones de 1982. Esta Transición fue impulsada por el rey y por Adolfo Suárez. Contó con al apoyo
del pueblo español, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los
sindicatos y se vio favorecida por el contexto internacional (fin de las
dictaduras en Grecia en 1973 y en Portugal en 1974). A pesar de todo ello, este
proceso encontró dificultades.
Entre la
muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978 (transición
democrática en sentido estricto) transcurrieron 3 años de profundas reformas
políticas, y sobre todo de grandes dificultades en todos los órdenes: aguda crisis económica (heredada del
franquismo), conflictividad social
que amenazaban con frustrar la evolución hacia la democracia, tensión política que reflejaba la
profunda división de la sociedad española, acentuada tras la Guerra Civil por
el régimen de Franco, actitud desafiante del ejército (del que se temía en todo
momento un golpe de Estado), provocación
terrorista (todos los grupos terroristas, fueran del signo que fueran,
pretendían desestabilizar la situación del país), etc. El momento de máxima
tensión se alcanzó en enero de 1977 en Madrid, con el asesinato de cinco
abogados laboralistas en la calle Atocha, por unos incontrolados de extrema
derecha.
A la muerte de
Franco en 1975 se plantearon tres alternativas posibles para el futuro del
país: Continuismo: La continuidad
del régimen franquista, con el mantenimiento de sus viejas estructuras o con
alguna modificación superficial. Reforma:
La reforma política a partir de las mismas leyes e instituciones del franquismo
hasta su equiparación con las democracias occidentales. Esta fue finalmente la
estrategia que se impuso en la transición española. Ruptura: La ruptura democrática que defendía acabar de forma
inmediata con el viejo régimen y restaurar una verdadera democracia.
Dos días
después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Orgánica del Estado, asumía ante las Cortes franquistas
la jefatura del Estado.
El rey decidió
mantener en el cargo al que había sido presidente del último gobierno de
Franco, Carlos ARIAS NAVARRO, quien
formó un nuevo gabinete. Su confirmación en el cargo decepcionó a la oposición
democrática y el clima social estaba cada vez más agitado. Ante la incapacidad
de Arias para impulsar la inaplazable reforma política, el rey ley le invitó a
que presentara su dimisión.
El rey nombra
a ADOLFO SUÁREZ como nuevo
presidente de Gobierno (julio de 1976) y se inicia el paso de la dictadura a la
democracia desde la legalidad franquista. Su primera medida fue proponer la Ley para la Reforma Política, que
recogía la puesta en marcha de un régimen democrático. Las Cortes franquistas
votaron a favor de esta ley, que fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre
de 1976.
Después de
tranquilizar a los mandos del ejército y todavía sin legalizar la existencia de
partidos políticos, se procedió a la discusión y aprobación por las Cortes de la Ley de Reforma Política. Según
su contenido, las futuras Cortes (elegidas por sufragio universal y directo)
quedarían constituidas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.
Aunque esta ley suponía la desaparición de las estructuras de la dictadura y de
las mismas Cortes franquistas, sus miembros la aprobaron por amplísima mayoría.
La Ley de Reforma política obligaba al Gobierno a convocar elecciones
generales, pero antes de convocarlas era preciso legalizar la existencia de los
partidos políticos y fijar las normas para la celebración de elecciones.
A principios
de 1977 Adolfo Suárez comienza la política de consenso con la oposición, que
aceptó la reforma como vía para implantar la democracia. Se aprobó la Ley de
Amnistía, se desmanteló el Movimiento Nacional y se legalizaron los partidos
políticos, incluido el PCE. Finalmente
se convocaron las primeras elecciones
democráticas el 15 de junio de 1977.
La
participación electoral fue muy alta y se confirmó la victoria de la UCD (Unión Centro Democrático-ideológicamente de centro y derecha moderada) liderado por Adolfo
Suárez. El PSOE fue la segunda fuerza más votada. Sin embargo, el respaldo a la
izquierda comunista (PCE, de Santiago Carrillo) y a la derecha (AP, de Manuel
Fraga) fue menor del esperado. Los franquistas apenas obtuvieron apoyo.
Tras las
elecciones y ante la gravísima crisis económica, gobierno, partidos políticos,
organizaciones empresariales y sindicatos firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre 1977) para reducir el déficit público
y la inflación mediante una disminución del gasto público. La firma de los
Pactos de la Moncloa permitió una reducción de la conflictividad social y así
garantizar la estabilidad social mientras se elaboraba la Constitución y se
consolidaba la democracia. Se reconoció la libertad sindical, el derecho a la
huelga y a la negociación colectiva. Los empresarios integraron una gran
organización patronal (CEOE) y los trabajadores se integraban en los sindicatos
mayoritarios CC.OO y UGT, ELA-STV (sindicato nacionalista en el País Vasco)
La redacción
de una Constitución debía ser la
principal tarea de las nuevas Cortes. Una vez aprobada la Constitución por el
Congreso de Diputados y el Senado, su contenido fue sometido a referéndum.
La CONSTITUCIÓN de 1978 se asienta sobre
un conjunto de principios y valores esenciales (libertad, justicia, pluralismo
político, igualdad ante la ley). Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre
de 1978 con un carácter progresista, pero de consenso, que permitiría que su
desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha
democrática. Esta Constitución:
- Define a España como un “Estado social y democrático de derecho”,
con una organización territorial descentralizada (“Estado de las autonomías”) bajo una monarquía parlamentaria que atribuye al Rey las siguientes
funciones: Jefatura del Estado, representación de España, sanción de las leyes
y Jefatura de las fuerzas armadas.
- Declara que la soberanía reside en el pueblo y
garantiza los derechos individuales (igualdad ante la ley, propiedad…),
libertades fundamentales y la igualdad
ante la ley de todos los españoles. Se reconocen también una serie de derechos
sociales (educación, asistencia sanitaria…) dentro de un Estado de bienestar.
- La Constitución establece como
sistema político una monarquía parlamentaria:
-
El jefe del Estado es el monarca. En
la práctica su poder está limitado.
- División de
poderes:
- Legislativo, reside en las Cortes
(cuyos miembros son elegidos por sufragio universal), que son bicamerales
(congreso y senado)
- Ejecutivo: recae en el gobierno.
Su acción es controlada por el Parlamento.
- Judicial: corresponde a
jueces y tribunales.
-Libertad ideológica, religiosa y
de culto (Estado no confesional).
-Se creó la figura del Defensor
del Pueblo.
- Organización territorial del Estado: Reconoce la existencia de
nacionalidades y regiones, que pueden construirse en Comunidades Autónomas,
regidas por Estatutos de Autonomía que deben ser aprobados por las Cortes. Esta
estructura del Estado descentralizada (Estado de las autonomías) garantiza, al
mismo tiempo, la unidad de España. Poseen un sistema de autogobierno y asumen
determinadas funciones y competencias.
Desde 1978
sólo se ha realizado una modificación en la Constitución, para autorizar el
voto en las elecciones municipales a los ciudadanos originarios de los países
miembros de la U.E.
El Tribunal Constitucional se ocupa de
controlar la constitucionalidad de todas las leyes y los posibles conflictos
entre las instituciones de las comunidades autónomas y las normativas del
Estado.
Tras la
aprobación de la Constitución el Gobierno optó por disolver las Cortes y
convocar elecciones generales para marzo de 1979. Los resultados fueron
similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de la UCD. Pero este último
gobierno de Suárez (1979-1981) se caracterizó por una profunda inestabilidad política: diferencias
internas en el seno de la UCD, problemas de las autonomías, crisis económica,
el azote del terrorismo, la amenaza de un golpe de Estado militar, etc. Lo que
provocó la dimisión de Adolfo Suárez (29 enero 1981) como presidente de la UCD
y del Gobierno, sucediéndole Leopoldo Calvo
Sotelo, quien para ocupar el cargo debía ser previamente investido por el
Congreso mediante el voto favorable de la mayoría de los diputados.
En la tarde
del 23 de febrero, mientras se procedía a la votación de Calvo Sotelo como
nuevo presidente del gobierno, el Congreso fue asaltado por un grupo de
Guardias Civiles al mando del teniente coronel TEJERO que retuvieron por la fuerza al Gobierno y al Congreso. Finalmente,
los protagonistas del golpe se rindieron y liberaron al Gobierno y a los
diputados. El intento de golpe de Estado fracasó por la oposición del rey y la
falta de apoyos militares.
El gobierno de
Calvo Sotelo (1981-82) mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Lo más
destacable de su política interior fue el relanzamiento del proceso autonómico.
Aprobó la Ley del Divorcio (rechazada por la Iglesia) y la integración de
España en la OTAN (rechazada por la izquierda). Esta actuación levantó una ola
de protestas y manifestaciones populares. El PSOE se comprometió si ganaba las
elecciones, a someter a referéndum la permanencia de España en la OTAN.
Leopoldo Calvo
Sotelo, debilitado por las divisiones internas de su partido, adelanta las
elecciones a octubre de 1982. El PSOE gana las elecciones de 1982 por
mayoría absoluta. Con la victoria del PSOE se da por concluida la Transición.
El acceso de la izquierda al Gobierno significó la normalización democrática.
El Estado de las Autonomías y su evolución.
Durante la
transición, las reformas en la organización territorial acabaron con la
tradición centralista y crearon la España de las Autonomías.
Tras la muerte
de Franco se produjeron demandas de autonomía en otras regiones españolas
(Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón y Extremadura) a parte de las
tradicionales (Cataluña y País Vasco). Los primeros gobiernos de la democracia
vieron con urgencia de dar solución a estas demandas. En consecuencia
replantearon la conveniencia de una organización territorial del Estado,
mediante la creación de un sistema de autonomías.
Primeros Estatutos: Tras la aprobación
de la Constitución se elaboraron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, refrendados en el año 1979.
Consolidación del
mapa autonómico: La Constitución
reconoció la existencia de diferentes nacionalidades y regiones con derecho a
formar su propio autogobierno. Así quedó configurado un nuevo modelo de Estado
que se denominó Estado de las Autonomías.
Se
constituyeron 17 Comunidades Autónomas, todas ellas reguladas por sus Estatutos
de Autonomía, que contienen las competencias que asumen cada Comunidad así como
sus instituciones (Parlamento y Gobierno autonómicos). El Gobierno central se
reserva las competencias relacionadas con asuntos internacionales, las fuerzas
armadas, el sistema fiscal y la ordenación general de la economía.
La aprobación
de los Estatutos se hizo de manera gradual entre los años 1979 y 1982, a excepción de los de
Ceuta y Melilla, que se aprobaron en 1995. En la actualidad, existen en nuestro
país 17 Comunidades y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
16.2. Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades. (desde octubre 1982 hasta la actualidad) |
Las elecciones del año 1982 otorgaron el poder al
PSOE, que obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Estas
elecciones supusieron un cambio respecto a las fuerzas de la Transición. La UCD
fue progresivamente desapareciendo, Alianza Popular-AP (llamado Partido Popular
en 1989) se consolidó como la primera fuerza política de la oposición. El PCE
(Partido Comunista Español) sufrió un notable descenso electoral y en él
surgieron discrepancias internas, que culminaron con la creación de Izquierda
Unida (1996).
La etapa
socialista PSOE (1982-1996)
En octubre el PSOE ganó las elecciones por mayoría
absoluta (48,11%), estando en el poder durante cuatro legislaturas, entre 1982
y 1996. Felipe González fue nombrado presidente del gobierno y estableció un
amplio programa de reformas:
Durante la primera
legislatura (1982-86) su
política fue de reajuste económico (subida de los tipos de interés, devaluación
de la moneda y reconversión industrial) cuyo objetivo era atajar la crisis y
preparar a España para su ingreso en la CEE. En un principio, provocó el
aumento del paro y la reducción de la inversión. Sin embargo, a partir de 1985
la economía empezó a recuperarse. Se consiguió una disminución de la inflación
y una modernización de la estructura económica. La reconversión industrial conllevó el cierre de empresas poco
rentables y la pérdida de empleo.
Por otro lado, se llevaron a cabo numerosas reformas
políticas y sociales, tales como: la Ley de la Defensa Nacional (pretendió
aumentar la operatividad del ejército y acabar con el golpismo), se aprobaron
los últimos estatutos de autonomía, (excepto los de Ceuta y Melilla), reformas
educativas, reformas sanitarias (La Ley General de la Sanidad estableció un
sistema nacional de salud gratuito y de carácter universal), etc.
En política exterior, España firmó su ingreso en la
CEE en 1985 y se mantuvo en la estructura política (no militar) de la OTAN tras
el referéndum de 1986 (ganó el SÍ con un 52% de los votos).
Durante la segunda
legislatura (1986-89), el PSOE vuelve a ganar las elecciones por mayoría absoluta.
España se benefició de la expansión económica internacional que posibilitó la
creación de empleo, la subida de salarios y una política se inversión pública
para la modernización de las infraestructuras. Sin embargo, la liberalización
del mercado de trabajo provocó la huelga general del 14 de diciembre de 1988
convocada por UGT y CC.OO. que paralizó al país y obligó al Gobierno a ceder en
algunos de sus planteamientos.
En política interior, se tomaron medidas contra el
terrorismo de ETA, que se reflejó en la actuación policial en colaboración con
Francia y en acuerdos políticos (Pacto de Ajuria Enea, 1988) para aislar
a los violentos.
La tercera
legislatura (1989-1993) estuvo marcada por las celebraciones de año 1992
(Expo de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona), que sirvieron para mostrar
al exterior la modernización de España. Pero en 1993 comenzó una grave crisis
económica mundial, agravada en España por las cuantiosas inversiones en los
acontecimientos de 1992. Se disparó la inflación, quebraron numerosas empresas
y aumentó el paro. La crisis sobrevino además cuando se había aprobado el
Tratado de Maastricht, en el que se establecían los criterios de convergencia
económica europea para establecer la moneda única. En política exterior España
participó en 1991 el Guerra del Golfo.
En la cuarta
legislatura (1993-1996) el PSOE ganó las elecciones pero por mayoría
simple. Para gobernar, Felipe González tuvo que negociar un pacto de apoyo
parlamentario con CiU. En esta legislatura se firmó el Pacto de Toledo (1995),
que garantizó y estabilizó el sistema público de pensiones. Pero la legislatura
estuvo marcada por los casos de corrupción de los máximos responsables del
Banco de España. El financiamiento irregular del partido (caso Filesa), el
tráfico de influencias (Juan Guerra) o con el enriquecimiento ilícito de
algunas personas (Luís Roldán, director de la Guardia Civil). Esto se unió a la
guerra sucia contra ETA (Caso GAL), en la que se vio implicado el ministerio
del Interior. La oposición y parte de la prensa pedían incansablemente la
dimisión de Felipe González. EN 1995 CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe
González convocó elecciones anticipadas.
La etapa del
PP (1996-2004)
En 1996 el PP gana las elecciones por mayoría simple.
La investidura de J. María Aznar como presidente del gobierno necesitó del
apoyo de los partidos nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria).
- Gobierno del
PP en minoría (1996-00): El nuevo ejecutivo mantuvo una política que
asegurase el Estado del bienestar, inició un diálogo con los sindicatos y una
aproximación a los partidos nacionalistas. Impulsó la supresión del servicio
militar obligatorio y la creación de un ejército profesional. La política
económica del PP consistió en la aplicación de un programa de tipo liberal (reducción de la intervención del Estado
en la economía, privatización de empresas públicas, disminución del gasto
público, rebaja de impuestos, etc).
En política
internacional, el objetivo prioritario del gobierno fue la integración monetaria de España en la
Europa del euro, para ello el gobierno redujo la inflación, el déficit, los
tipos de interés, la deuda pública, etc. Además, en 1997, España se incorporó a
la estructura militar de la OTAN.
- Gobierno del
PP en mayoría (2000-04): En las elecciones generales de marzo de 2000, el
PP logró la mayoría absoluta, lo que le permitió gobernar en solitario hasta
2004. Así pudo desarrollar su programa sin problemas y modificar sensiblemente
la legislación de la etapa socialista. Se iniciaron así una serie de reformas
en el terreno educativo (Ley de Calidad de la Enseñanza-LOCE); Ley de Reforma
Universitaria (reducía la autonomía universitaria), reforma en el ámbito
laboral, Ley de Extranjería… La buena coyuntura económica ayudó a consolidar la
disminución de la inflación y del paro.
En política exterior, se produjo un acercamiento a
EE.UU. con el apoyo del gobierno español
a la intervención militar en Irak.
El 14 de marzo del año 2004 se convocaron elecciones
generales, pero tres días antes (11 de marzo) un terrible atentado terrorista en Madrid (11-M) dejó
un saldo cercano a 200 muertos y originó una situación de conmoción nacional.
Las elecciones se celebraron el 14 de marzo de 2004
dando el triunfo de nuevo a los
socialistas (2004-2008). La jornada pre-electoral se desarrolló en un
ambiente político sacudido por el atentado terrorista (el gobierno del PP
atribuyó a ETA, cuando muchas pistas indicaban una orientación islamista
vinculada con Al-Qaeda).
El PSOE consiguió mayor número de votos y José Luís
Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno. Medidas llevadas a cabo
por el nuevo gobierno fueron: retirada de las tropas españolas en Irak (abril
de 2004), retirada del plan Hidrológico (que tanta controversia había tenido en
legislaturas anteriores), reforma de las leyes educativas de los populares, Ley
de Dependencia, Matrimonio entre personas del mismo sexo (muy polémico entre
sectores conservadores y por la Iglesia católica), etc.
En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó
su triunfo y consiguió una segunda
legislatura (2008-2011) para José Luis Rodríguez Zapatero. Legislatura
ensombrecida por la crisis económica iniciada a finales de 2008 y que llevó al
triunfo en las elecciones de mayo de 2011 al PP. d
Mariano Rajoy comienza una nueva etapa para el PP (2011-15) marcada también por la
grave crisis económica y política que sufre el país. Numerosos casos de
corrupción política sumados a la crisis social (aumento del paro, falta de
oportunidades para los jóvenes…) y económica (financiación ilegal, evasión de
impuestos, expatriación de capitales en el extranjero…) genera la irrupción de
dos nuevos partidos políticos (Ciudadanos y Podemos) que cambiarán el panorama
político de la etapa democrática con la aparición de dos nuevos colores
(naranja y morado) en el hemiciclo del congreso tras las elecciones de
Diciembre de 2015.
Desafíos
del golpismo y del terrorismo
La fragilidad de la democracia española, junto a organizaciones
terroristas como ETA, el GRAPO o el FRAP, que no aceptaban la
Constitución ni el sistema político democrático, hicieron que dos grandes
desafíos para la democracia fueran el golpismo y el terrorismo.
La extrema derecha, nostálgica del franquismo, intentó
crear un clima de inestabilidad que truncara la transición a la democracia (Matanza
de Atocha, enero de 1977). Cuando esta estrategia fracasó, buscó acabar con la
democracia mediante el intento de golpe del 23-F. La actitud del rey en defensa
de la democracia y la falta de respaldo a los golpistas impidieron que el golpe
de Estado tuviera éxito.
De este modo, entre 1977 y 1981 el número de atentados
terroristas aumentó considerablemente con el objetivo de desestabilizar al
gobierno. La violencia, la sensación de inseguridad y la crisis en el partido
gobernante hicieron crecer el peligro de una intervención militar, alentada por
la extrema derecha.
La violencia terrorista de ETA no cesó con la llegada
de los socialistas. Destaca la creación de un frente político contra el
terrorismo que se materializó en dos acuerdos: Pacto de Madrid (1987) y Pacto
de Ajuria Enea (1988).
El capítulo más siniestro de la lucha antiterrorista
fue la aparición de los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) que causaron 28 víctimas mortales en el entorno
de ETA.
Durante el primer gobierno del PP la actividad de ETA
no cesaba. En 1998, Irlanda del Norte alcanzó un acuerdo de paz. Con ese
precedente se firmó el Acuerdo de
Lizarra para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo
irlandés. Cuatro días después ETA decidió declarar una tregua indefinida, pero tras un año de alto del fuego, ETA
comunicaba el final de la tregua.
Cambios políticos, sociales y económicos
La evolución de la sociedad española continuó el
proceso de modernización iniciado en los 60, hasta alcanzar las características
propias de un país plenamente desarrollado.
La población activa española se distribuye en una
estructura muy similar a la de los países más desarrollados: sector primario
(menos del 5%), sector secundario (30%) y un claro predominio del sector
terciario (por encima del 60%).
En las dos últimas décadas se ha producido un notable incremento de la renta nacional bruta,
que sitúa a España entre los 15 Estados más ricos del mundo. Además, España
posee grupos empresariales de proyección mundial como Telefónica, Inditex,
Banco de Santander…
La sociedad española ha experimentado la consolidación
del Estado del bienestar. Se ha generalizado la enseñanza obligatoria, el
número de universitarios y centros educativos ha aumentado. Otras mejoras han
sido la universalización de la sanidad,
la cobertura del desempleo y la
generalización del sistema de pensiones.
Asimismo, han sido notorios los cambios en la
estructura familiar, con el crecimiento de las familias monoparentales, el
aumento de adopciones, regulación del divorcio…
Estas nuevas pautas sociales y culturales son fruto de
una mejora del nivel de vida y
también de una mayor integración de la mujer en el mundo laboral, lo cual ha
supuesto un descenso en el número de hijos por familia. En los últimos 25 años
se ha producido un notable incremento de la participación de la mujer en la vida política, social y laboral.
Se lograron importantes avances en la equiparación laboral y social de la mujer
con el hombre y se generalizaron actitudes más tolerantes hacia los comportamientos
sociales.
En las últimas décadas del siglo XX, como resultado
del desarrollo económico, España ha dejado de ser un país de emigrantes para
convertirse en un país receptor.
Ante la llegada de población de diferentes tradiciones culturales y religiosas,
han surgido comportamientos xenófobos.
Por ello, cada vez es más evidente la necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural que respete las
diferencias.
Cultura y mentalidades
En el plano cultural,
la muerte de Franco y la llegada de la democracia, trajo consigo un ambiente de
libertad de expresión que se concretó en las manifestaciones culturales.
Los socialistas emprendieron entonces una importante
labor de creación de museos, auditorios y centros culturales y aplicaron una
destacada política de subvenciones a la producción cultural española.
Se incrementó la pluralidad ideológica con la
aparición de nuevos medios de comunicación escritos como El País (1976), El
Mundo (1989) y audiovisuales, con las televisiones privadas (Tele 5, Antena 3,
Cuatro, La Sexta, Canal Pus) y cadenas autonómicas (TV3, Euskal-Televista,
Canal 9, Tele-Madrid, Canal Sur…) Generalizándose también desde 2010 la TDT.
También el nuevo cine español ha irrumpido con fuerza
en las pantallas europeas y norteamericanas con directores como Almodóvar,
Garci, Trueba, Amenábar…
Ha habido un reconocimiento internacional de la
cultura española: premios Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre y Camilo
José Cela.
En los años ochenta destacó la movida madrileña. Todo
ello propició que las mentalidades se transformasen: la sociedad se secularizó
y el modelo de familia tradicional empezó a convivir con otros nuevos.
También ha cambiado la
actitud ante la religión, con una mayor secularización de la sociedad. Aunque
la mayor parte de la población española se confiesa creyente y católica, la
práctica religiosa ha bajado considerablemente.
En los últimos años la irrupción imparable de la
denominada sociedad de la tecnología, de la información y del conocimiento.
Están produciendo notables cambios en las formas de vida y de relación social y
cultural, sobre todo en la generación de los más jóvenes, en su mayoría
consumados internautas. La creación de redes sociales a través de Internet ha
abierto nuevos caminos de relaciones que sin duda van a modificar sensiblemente
las pautas de sociabilidad vigentes.
Hoy día, la cultura española se ha normalizado por
completo y se desenvuelve dentro de las
tendencias actuales del entorno internacional.
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16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto internacional. |
La Unión
Europea es una asociación de 28 Estados independientes. Se estableció con el
Tratado de Maastricht en 1992 y es la sucesoria de la CEE (Comunidad Económica
Europea) creada en 1957 con el Tratado de Roma.
La dictadura
de Franco fue un obstáculo para la entrada de España en la CEE, formada sólo
por países democráticos. Con el restablecimiento de la democracia, a partir de
1977, se propuso la entrada de nuestro país en la CEE.
En 1977 Adolfo
Suárez solicitó la adhesión de España a la CEE y en 1979
se iniciaron las negociaciones. Como paso previo al ingreso, España debía
firmar el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades
y la Carta Social Europea (junio 1985).
La integración
en la CEE fue el mayor logro de la política exterior del PSOE. El principal
obstáculo para la integración de España en la CEE era el peso de nuestro sector
primario: Francia temía perder cuota de mercado frente a España y Reino Unido
quería reducir las subvenciones a la agricultura. Además, la entrada de España
obligaba a aumentar los fondos estructurales sufragados por los países ricos de
la CEE. Sin embargo, España contó con el apoyo de Alemania.
La integración en la CEE se hizo de forma gradual
mediante un período transitorio. Durante ese periodo, los diferentes sectores
económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una
producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso llevar
a cabo una reconversión económica.
El objetivo era que España pudiera estar en situación de competir con los
países más ricos. Para ello se produjo, a partir de 1984, un necesario y
urgente programa de reconversión industrial,
especialmente del sector naval, siderúrgico y textil, que significó inversiones
en tecnología, en preparación profesional y en mejoras en la gestión pero que
provocó el cierre de empresas y acentuó la conflictividad
social, ya que tuvo unos elevados costes sociales (reducciones de
plantilla, jubilaciones anticipadas…)
En la
ganadería y la agricultura se establecieron cuotas de producción. En el sector
pesquero se limitaron las capturas y se modernizó la flota.
Para reducir
la inflación y el déficit público,
imprescindible para que la economía fuera competitiva, el gobierno llevó a cabo
una política fiscal y monetaria restrictiva que afectó directamente a los
salarios y al gasto público.
Todas las
exigencias de la CEE se desarrollaron en medio de una crisis económica, con
tasa de desempleo del 22% y con fuertes tensiones sociales.
Para el
ingreso en la CEE también fue necesario llevar a cabo reformas legislativas y sociales, adecuando las leyes,
normas e impuestos a los del resto de países miembros. Se mejoró el sistema de
recaudación de impuestos y se introdujo uno nuevo, el IVA. Con los impuestos se
sufragaron las inversiones del Estado en políticas sociales (Educación,
Sanidad, Seguridad Social…) y en infraestructuras (Transportes, energía…).
Para acelerar
su acercamiento económico al resto de países, España recibiría cuantiosas
ayudas (España será hasta el año 2013 receptor neto de importantes sumas de
dinero a través de los fondos estructurales y de cohesión social (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional-(FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Estas ayudas han permitido la
modernización de las infraestructuras, la mejora del sector agrícola mediante
subvenciones y la financiación de planes de formación profesional, reciclado y
creación de empleo. La integración significó participar en un amplio mercado de
productos, capitales y personas y pertenecer al ámbito político de los países
democráticos de Europa Occidental.
El 12 de junio
de 1985, se firmó el Tratado de Adhesión
de España a la Comunidad Económica Europea.
Desde el 1 de enero de 1986 España es
miembro de pleno derecho de la CEE.
España en la Unión Europea
Desde su
entrada en la CEE España se ha mostrado como un activo socio europeísta participando
en la elaboración y firmando todos los acuerdos importantes:
-Acta Única (1986). Este acuerdo
pretendía conseguir un mercado interior real entre los Estados miembros, así
como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales estaría garantizada.
-Tratado de Schengen (1991) que
establece un espacio común por el que puede circular libremente toda persona
que resida en uno de los países firmantes del Convenio.
-Tratado de Maastricht (1992). Modificó
los acuerdos fundacionales de la Comunidad Económica Europea y cambió su
denominación por la de Unión Europea. Este acuerdo aceleró el proceso de
integración europeo al proponer como objetivo la unión política de forma
gradual.
Además, el Tratado propuso para
1999 la Unión Monetaria con la introducción del euro en los países que
cumplieran los criterios de convergencia (déficit público e inflación bajos).
En 1998 el gobierno del PP, presidido por José María Aznar, consiguió cumplir
los criterios de integración en la Unión Monetaria como miembro de pleno
derecho. Así, España se incorporó desde el principio a la Europa de la moneda
única. A parir del 1 de enero de 1999 la nueva moneda empezó a funcionar como
unidad de referencia, aunque no sustituyó físicamente a las monedas nacionales
hasta el año 2002.
-Tratado de Niza (2003). Reformó las
instituciones comunitarias para afrontar la ampliación de la Unión Europea.
-Aprobación en
referéndum de la fallida Constitución Europea de 2004 (que fracasó por la falta
de apoyo de otros países europeos).
Las
consecuencias de la incorporación de España se han manifestado en un crecimiento económico constante. Desde
1996 hasta 2006, el crecimiento fue del 3% anual, y el PIB y la renta de los
españoles se acerca al 98% de la media europea.
La prosperidad
de los años 90 permitió reducir las tasas de paro, aunque España mantiene unos
niveles superiores a la media europea. La legislación laboral permitió la
aparición de los contratos temporales. En la actualidad España tiene el grado
más alto de temporalidad laboral y trabajo precario.
También se
pusieron en marcha políticas liberalizadoras para acabar con los monopolios del
Estado. Se liberalizaron los transportes, energía y finanzas y se privatizaron
empresas públicas como Telefónica, Repsol, Iberia…Gracias a las ventas de estas
empresas disminuyó considerablemente el déficit presupuestario.
España es un
país con un gran peso territorial y demográfico en la UE: es el 2º país en extensión y el 5º en población.
Su economía se ha transformado
profundamente en las dos últimas décadas debido a las transferencias de
grandes cantidades de dinero (fondos FEDER) con las cuales se han realizado
fuertes inversiones en infraestructuras, se han desarrollado políticas de empleo
y de formación, se ha promocionado las zonas rurales, se han remodelado
antiguas áreas industriales y se han promovido proyectos medioambientales y de
innovación en energías renovables.
La ampliación
de la Unión Europea a 28 miembros, ha supuesto la entrada de países con una
situación económica más desfavorecida que la española. Como consecuencia, en
los últimos años, España ha visto reducidos los fondos comunitarios en
beneficio de los nuevos países. España dejará de ser país receptor de fondos de
la UE a país contribuyente.
El papel de España en el contexto internacional
En el marco de
la U.E. España ha desempeñado un papel
relevante en política exterior. Sus privilegiadas relaciones con América
Latina, los países del Norte de África y el mundo árabe han permitido su
mediación en conflictos y misiones de paz (tropas, labores humanitarias…)
Nuestro país se encuentra en una
posición clave tanto desde dos puntos de vista:
-
geoestratégico (proximidad al continente africano y
mundo islámico)
-
geocultural (proximidad lingüística e histórica con los
países latinoamericanos)
En el norte de
África se cuidan las relaciones con Argelia (primer proveedor de gas natural)
y, sobre todo, con Marruecos (Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación
de 1991) a pesar de sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el litigio
sobre el Sahara occidental.
Participó en
conflictos internacionales: Primera y Segunda Guerras del Golfo (1991 y 2003
respectivamente).
Desde 1991 se
viene celebrando la Cumbre
Iberoamericana, que reúne anualmente a los jefes de Estado y de Gobierno de
España, Portugal y 20 países americanos con la finalidad de colaborar y
encontrar soluciones comunes a problemas de tipo social y económico. Además,
las actividades del Instituto Cervantes
han contribuido a la expansión de nuestra lengua en EE.UU. y Brasil.
Por otra
parte, España ha consolidado sus relaciones con los países mediterráneos
europeos a través de la Unión Europea
(Francia, Italia y Grecia) y de la OTAN
(Turquía). Asimismo, los vínculos con los países del litoral norteafricano del
Mediterráneo también son económicamente muy importantes para nuestro país.
El
fortalecimiento de la posición internacional de la nueva España democrática en
el escenario internacional ha significado la participación de nuestro Ejército
en diversas misiones humanitarias y de
pacificaciones a petición de la ONU (cascos azules) en diferentes lugares
del planeta como: Angola, Namibia, Guatemala, Bosnia, Kosovo…
España es
también miembro de muchos de los organismos especializados que forman lo que se
llama el sistema de Naciones Unidas, tales como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), etc.
Asimismo,
algunos ciudadanos españoles han
ocupado lugares relevantes al frente de importantes organismos internacionales:
Juan Antonio Samarach (presidente del Comité Olímpico Internacional), Rodrigo
Rato (director del Fondo Monetario
Internacional), Javier Solana (desempeñó la secretaría general de la OTAN),
etc.
España, en los
últimos años, ha asumido un papel protagonista en las relaciones con Cuba, al convertirse en el mayor inversor y socio
comercial europeo de la isla, además de perfilarse como el principal
interlocutor entre la isla y la UE.
También España
ha continuado se tradicional proyección mediterránea y ha fomentado la
celebración de conferencias para impulsar la cooperación entre países de ambos
lados de ese mar. La primera Conferencia del Mediterráneo se celebró en 1995 y
en el año 2008, Barcelona fue nombrada sede del secretariado de la Unión por el
Mediterráneo.
Finalmente
España ha sido aceptada a las últimas reuniones del G-7. Ante los nuevos retos
internacionales del siglo XXI, terrorismo e integrismo islámico, la posición
española ha oscilado entre el alineamiento incondicional con EE.UU y el Reino
Unido (con los gobiernos de José María Aznar, España participa en las
operaciones militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003)) y la búsqueda de
acercamiento entre occidente y oriente, con la Alianza de Civilizaciones (gobierno
de José Luís Rodríguez Zapatero) aunque manteniendo intactas las relaciones con
la OTAN. El centro de la nueva política pasa a ser la lucha contra el terrorismo internacional.
