jueves, 2 de marzo de 2017

Tema 16: La España actual




TEMA 16: La España actual.

16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución. (hasta octubre de 1982, primer gobierno socialista).

Se entiende por Transición a la democracia (1975-1982) el cambio gradual y pacífico desde la dictadura a la democracia que se desarrolló en España desde la muerte del general Franco hasta el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982. Esta Transición fue impulsada por el rey y por Adolfo Suárez. Contó con al apoyo del pueblo español, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los sindicatos y se vio favorecida por el contexto internacional (fin de las dictaduras en Grecia en 1973 y en Portugal en 1974). A pesar de todo ello, este proceso encontró dificultades.
Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978 (transición democrática en sentido estricto) transcurrieron 3 años de profundas reformas políticas, y sobre todo de grandes dificultades en todos los órdenes: aguda crisis económica (heredada del franquismo), conflictividad social que amenazaban con frustrar la evolución hacia la democracia, tensión política que reflejaba la profunda división de la sociedad española, acentuada tras la Guerra Civil por el régimen de Franco, actitud desafiante del ejército (del que se temía en todo momento un golpe de Estado), provocación terrorista (todos los grupos terroristas, fueran del signo que fueran, pretendían desestabilizar la situación del país), etc. El momento de máxima tensión se alcanzó en enero de 1977 en Madrid, con el asesinato de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha, por unos incontrolados de extrema derecha.

A la muerte de Franco en 1975 se plantearon tres alternativas posibles para el futuro del país: Continuismo: La continuidad del régimen franquista, con el mantenimiento de sus viejas estructuras o con alguna modificación superficial. Reforma: La reforma política a partir de las mismas leyes e instituciones del franquismo hasta su equiparación con las democracias occidentales. Esta fue finalmente la estrategia que se impuso en la transición española. Ruptura: La ruptura democrática que defendía acabar de forma inmediata con el viejo régimen y restaurar una verdadera democracia.

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Estado, asumía ante las Cortes franquistas la jefatura del Estado.
El rey decidió mantener en el cargo al que había sido presidente del último gobierno de Franco, Carlos ARIAS NAVARRO, quien formó un nuevo gabinete. Su confirmación en el cargo decepcionó a la oposición democrática y el clima social estaba cada vez más agitado. Ante la incapacidad de Arias para impulsar la inaplazable reforma política, el rey ley le invitó a que presentara su dimisión.
El rey nombra a ADOLFO SUÁREZ como nuevo presidente de Gobierno (julio de 1976) y se inicia el paso de la dictadura a la democracia desde la legalidad franquista. Su primera medida fue proponer la Ley para la Reforma Política, que recogía la puesta en marcha de un régimen democrático. Las Cortes franquistas votaron a favor de esta ley, que fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976.
Después de tranquilizar a los mandos del ejército y todavía sin legalizar la existencia de partidos políticos, se procedió a la discusión y aprobación por las  Cortes de la Ley de Reforma Política. Según su contenido, las futuras Cortes (elegidas por sufragio universal y directo) quedarían constituidas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque esta ley suponía la desaparición de las estructuras de la dictadura y de las mismas Cortes franquistas, sus miembros la aprobaron por amplísima mayoría. La Ley de Reforma política obligaba al Gobierno a convocar elecciones generales, pero antes de convocarlas era preciso legalizar la existencia de los partidos políticos y fijar las normas para la celebración de elecciones.
A principios de 1977 Adolfo Suárez comienza la política de consenso con la oposición, que aceptó la reforma como vía para implantar la democracia. Se aprobó la Ley de Amnistía, se desmanteló el Movimiento Nacional y se legalizaron los partidos políticos, incluido el PCE.  Finalmente se convocaron las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.

La participación electoral fue muy alta y se confirmó la victoria de la UCD (Unión Centro Democrático-ideológicamente de centro y derecha moderada) liderado por Adolfo Suárez. El PSOE fue la segunda fuerza más votada. Sin embargo, el respaldo a la izquierda comunista (PCE, de Santiago Carrillo) y a la derecha (AP, de Manuel Fraga) fue menor del esperado. Los franquistas apenas obtuvieron apoyo.
Tras las elecciones y ante la gravísima crisis económica, gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre 1977) para reducir el déficit público y la inflación mediante una disminución del gasto público. La firma de los Pactos de la Moncloa permitió una reducción de la conflictividad social y así garantizar la estabilidad social mientras se elaboraba la Constitución y se consolidaba la democracia. Se reconoció la libertad sindical, el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Los empresarios integraron una gran organización patronal (CEOE) y los trabajadores se integraban en los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT, ELA-STV (sindicato nacionalista en el País Vasco)
La redacción de una Constitución debía ser la principal tarea de las nuevas Cortes. Una vez aprobada la Constitución por el Congreso de Diputados y el Senado, su contenido fue sometido a referéndum.
La CONSTITUCIÓN de 1978 se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales (libertad, justicia, pluralismo político, igualdad ante la ley). Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un carácter progresista, pero de consenso, que permitiría que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha democrática. Esta Constitución:
- Define a España como un “Estado social y democrático de derecho”, con una organización territorial descentralizada (“Estado de las autonomías”) bajo una monarquía parlamentaria que atribuye al Rey las siguientes funciones: Jefatura del Estado, representación de España, sanción de las leyes y Jefatura de las fuerzas armadas.
- Declara que la soberanía reside en el pueblo y garantiza los derechos individuales (igualdad ante la ley, propiedad…), libertades fundamentales y la igualdad ante la ley de todos los españoles. Se reconocen también una serie de derechos sociales (educación, asistencia sanitaria…) dentro de un Estado de bienestar.
- La Constitución establece como sistema político una monarquía parlamentaria:
            - El jefe del Estado es el monarca. En la práctica su poder está limitado.
- División de poderes:
- Legislativo, reside en las Cortes (cuyos miembros son elegidos por sufragio universal), que son bicamerales (congreso y senado)
- Ejecutivo: recae en el gobierno. Su acción es controlada por el Parlamento.
- Judicial: corresponde a jueces y tribunales.
-Libertad ideológica, religiosa y de culto (Estado no confesional).
-Se creó la figura del Defensor del Pueblo.
- Organización territorial del Estado: Reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, que pueden construirse en Comunidades Autónomas, regidas por Estatutos de Autonomía que deben ser aprobados por las Cortes. Esta estructura del Estado descentralizada (Estado de las autonomías) garantiza, al mismo tiempo, la unidad de España. Poseen un sistema de autogobierno y asumen determinadas funciones y competencias.

Desde 1978 sólo se ha realizado una modificación en la Constitución, para autorizar el voto en las elecciones municipales a los ciudadanos originarios de los países miembros de la U.E.
El Tribunal Constitucional se ocupa de controlar la constitucionalidad de todas las leyes y los posibles conflictos entre las instituciones de las comunidades autónomas y las normativas del Estado.

Tras la aprobación de la Constitución el Gobierno optó por disolver las Cortes y convocar elecciones generales para marzo de 1979. Los resultados fueron similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de la UCD. Pero este último gobierno de Suárez (1979-1981) se caracterizó por una profunda inestabilidad política: diferencias internas en el seno de la UCD, problemas de las autonomías, crisis económica, el azote del terrorismo, la amenaza de un golpe de Estado militar, etc. Lo que provocó la dimisión de Adolfo Suárez (29 enero 1981) como presidente de la UCD y del Gobierno, sucediéndole Leopoldo Calvo Sotelo, quien para ocupar el cargo debía ser previamente investido por el Congreso mediante el voto favorable de la mayoría de los diputados.
En la tarde del 23 de febrero, mientras se procedía a la votación de Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, el Congreso fue asaltado por un grupo de Guardias Civiles al mando del teniente coronel TEJERO que retuvieron por la fuerza al Gobierno y al Congreso. Finalmente, los protagonistas del golpe se rindieron y liberaron al Gobierno y a los diputados. El intento de golpe de Estado fracasó por la oposición del rey y la falta de apoyos militares.
El gobierno de Calvo Sotelo (1981-82) mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Lo más destacable de su política interior fue el relanzamiento del proceso autonómico. Aprobó la Ley del Divorcio (rechazada por la Iglesia) y la integración de España en la OTAN (rechazada por la izquierda). Esta actuación levantó una ola de protestas y manifestaciones populares. El PSOE se comprometió si ganaba las elecciones, a someter a referéndum la permanencia de España en la OTAN.
Leopoldo Calvo Sotelo, debilitado por las divisiones internas de su partido, adelanta las elecciones a octubre de 1982. El PSOE gana las elecciones de 1982 por mayoría absoluta. Con la victoria del PSOE se da por concluida la Transición. El acceso de la izquierda al Gobierno significó la normalización democrática.

El Estado de las Autonomías y su evolución.
Durante la transición, las reformas en la organización territorial acabaron con la tradición centralista y crearon la España de las Autonomías.
Tras la muerte de Franco se produjeron demandas de autonomía en otras regiones españolas (Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón y Extremadura) a parte de las tradicionales (Cataluña y País Vasco). Los primeros gobiernos de la democracia vieron con urgencia de dar solución a estas demandas. En consecuencia replantearon la conveniencia de una organización territorial del Estado, mediante la creación de un sistema de autonomías.
Primeros Estatutos: Tras la aprobación de la Constitución se elaboraron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, refrendados en el año 1979.
            Consolidación del mapa autonómico: La Constitución reconoció la existencia de diferentes nacionalidades y regiones con derecho a formar su propio autogobierno. Así quedó configurado un nuevo modelo de Estado que se denominó Estado de las Autonomías.
Se constituyeron 17 Comunidades Autónomas, todas ellas reguladas por sus Estatutos de Autonomía, que contienen las competencias que asumen cada Comunidad así como sus instituciones (Parlamento y Gobierno autonómicos). El Gobierno central se reserva las competencias relacionadas con asuntos internacionales, las fuerzas armadas, el sistema fiscal y la ordenación general de la economía.
La aprobación de los Estatutos se hizo de manera gradual entre los años 1979 y 1982, a excepción de los de Ceuta y Melilla, que se aprobaron en 1995. En la actualidad, existen en nuestro país 17 Comunidades y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).





16.2. Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades. (desde octubre 1982 hasta la actualidad)

Las elecciones del año 1982 otorgaron el poder al PSOE, que obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Estas elecciones supusieron un cambio respecto a las fuerzas de la Transición. La UCD fue progresivamente desapareciendo, Alianza Popular-AP (llamado Partido Popular en 1989) se consolidó como la primera fuerza política de la oposición. El PCE (Partido Comunista Español) sufrió un notable descenso electoral y en él surgieron discrepancias internas, que culminaron con la creación de Izquierda Unida (1996).

La etapa socialista PSOE (1982-1996)
En octubre el PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta (48,11%), estando en el poder durante cuatro legislaturas, entre 1982 y 1996. Felipe González fue nombrado presidente del gobierno y estableció un amplio programa de reformas:
Durante la primera legislatura (1982-86) su política fue de reajuste económico (subida de los tipos de interés, devaluación de la moneda y reconversión industrial) cuyo objetivo era atajar la crisis y preparar a España para su ingreso en la CEE. En un principio, provocó el aumento del paro y la reducción de la inversión. Sin embargo, a partir de 1985 la economía empezó a recuperarse. Se consiguió una disminución de la inflación y una modernización de la estructura económica. La reconversión industrial conllevó el cierre de empresas poco rentables y la pérdida de empleo.
Por otro lado, se llevaron a cabo numerosas reformas políticas y sociales, tales como: la Ley de la Defensa Nacional (pretendió aumentar la operatividad del ejército y acabar con el golpismo), se aprobaron los últimos estatutos de autonomía, (excepto los de Ceuta y Melilla), reformas educativas, reformas sanitarias (La Ley General de la Sanidad estableció un sistema nacional de salud gratuito y de carácter universal), etc.
En política exterior, España firmó su ingreso en la CEE en 1985 y se mantuvo en la estructura política (no militar) de la OTAN tras el referéndum de 1986 (ganó el SÍ con un 52% de los votos).
Durante la segunda legislatura (1986-89), el PSOE vuelve a ganar las elecciones por mayoría absoluta. España se benefició de la expansión económica internacional que posibilitó la creación de empleo, la subida de salarios y una política se inversión pública para la modernización de las infraestructuras. Sin embargo, la liberalización del mercado de trabajo provocó la huelga general del 14 de diciembre de 1988 convocada por UGT y CC.OO. que paralizó al país y obligó al Gobierno a ceder en algunos de sus planteamientos.
En política interior, se tomaron medidas contra el terrorismo de ETA, que se reflejó en la actuación policial en colaboración con Francia  y en acuerdos políticos (Pacto de Ajuria Enea, 1988) para aislar a los violentos.
La tercera legislatura (1989-1993) estuvo marcada por las celebraciones de año 1992 (Expo de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona), que sirvieron para mostrar al exterior la modernización de España. Pero en 1993 comenzó una grave crisis económica mundial, agravada en España por las cuantiosas inversiones en los acontecimientos de 1992. Se disparó la inflación, quebraron numerosas empresas y aumentó el paro. La crisis sobrevino además cuando se había aprobado el Tratado de Maastricht, en el que se establecían los criterios de convergencia económica europea para establecer la moneda única. En política exterior España participó en 1991 el Guerra del Golfo.
En la cuarta legislatura (1993-1996) el PSOE ganó las elecciones pero por mayoría simple. Para gobernar, Felipe González tuvo que negociar un pacto de apoyo parlamentario con CiU. En esta legislatura se firmó el Pacto de Toledo (1995), que garantizó y estabilizó el sistema público de pensiones. Pero la legislatura estuvo marcada por los casos de corrupción de los máximos responsables del Banco de España. El financiamiento irregular del partido (caso Filesa), el tráfico de influencias (Juan Guerra) o con el enriquecimiento ilícito de algunas personas (Luís Roldán, director de la Guardia Civil). Esto se unió a la guerra sucia contra ETA (Caso GAL), en la que se vio implicado el ministerio del Interior. La oposición y parte de la prensa pedían incansablemente la dimisión de Felipe González. EN 1995 CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe González convocó elecciones anticipadas.
La etapa del PP (1996-2004)
En 1996 el PP gana las elecciones por mayoría simple. La investidura de J. María Aznar como presidente del gobierno necesitó del apoyo de los partidos nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria).
- Gobierno del PP en minoría (1996-00): El nuevo ejecutivo mantuvo una política que asegurase el Estado del bienestar, inició un diálogo con los sindicatos y una aproximación a los partidos nacionalistas. Impulsó la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional. La política económica del PP consistió en la aplicación de un programa de tipo liberal (reducción de la intervención del Estado en la economía, privatización de empresas públicas, disminución del gasto público, rebaja de impuestos, etc).
En política internacional, el objetivo prioritario del gobierno  fue la integración monetaria de España en la Europa del euro, para ello el gobierno redujo la inflación, el déficit, los tipos de interés, la deuda pública, etc. Además, en 1997, España se incorporó a la estructura militar de la OTAN.
- Gobierno del PP en mayoría (2000-04): En las elecciones generales de marzo de 2000, el PP logró la mayoría absoluta, lo que le permitió gobernar en solitario hasta 2004. Así pudo desarrollar su programa sin problemas y modificar sensiblemente la legislación de la etapa socialista. Se iniciaron así una serie de reformas en el terreno educativo (Ley de Calidad de la Enseñanza-LOCE); Ley de Reforma Universitaria (reducía la autonomía universitaria), reforma en el ámbito laboral, Ley de Extranjería… La buena coyuntura económica ayudó a consolidar la disminución de la inflación y del paro.
En política exterior, se produjo un acercamiento a EE.UU.  con el apoyo del gobierno español a la intervención militar en Irak. El 14 de marzo del año 2004 se convocaron elecciones generales, pero tres días antes (11 de marzo) un terrible atentado terrorista en Madrid (11-M) dejó un saldo cercano a 200 muertos y originó una situación de conmoción nacional.

Las elecciones se celebraron el 14 de marzo de 2004 dando el triunfo de nuevo a los socialistas (2004-2008). La jornada pre-electoral se desarrolló en un ambiente político sacudido por el atentado terrorista (el gobierno del PP atribuyó a ETA, cuando muchas pistas indicaban una orientación islamista vinculada con Al-Qaeda).
El PSOE consiguió mayor número de votos y José Luís Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno. Medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno fueron: retirada de las tropas españolas en Irak (abril de 2004), retirada del plan Hidrológico (que tanta controversia había tenido en legislaturas anteriores), reforma de las leyes educativas de los populares, Ley de Dependencia, Matrimonio entre personas del mismo sexo (muy polémico entre sectores conservadores y por la Iglesia católica), etc.
En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo y consiguió una segunda legislatura (2008-2011) para José Luis Rodríguez Zapatero. Legislatura ensombrecida por la crisis económica iniciada a finales de 2008 y que llevó al triunfo en las elecciones de mayo de 2011 al PP. d
Mariano Rajoy comienza una nueva etapa para el PP (2011-15) marcada también por la grave crisis económica y política que sufre el país. Numerosos casos de corrupción política sumados a la crisis social (aumento del paro, falta de oportunidades para los jóvenes…) y económica (financiación ilegal, evasión de impuestos, expatriación de capitales en el extranjero…) genera la irrupción de dos nuevos partidos políticos (Ciudadanos y Podemos) que cambiarán el panorama político de la etapa democrática con la aparición de dos nuevos colores (naranja y morado) en el hemiciclo del congreso tras las elecciones de Diciembre de 2015.

Desafíos del golpismo y del terrorismo
La fragilidad de la democracia española, junto a organizaciones terroristas como ETA, el GRAPO o el FRAP, que no aceptaban la Constitución ni el sistema político democrático, hicieron que dos grandes desafíos para la democracia fueran el golpismo y el terrorismo.
La extrema derecha, nostálgica del franquismo, intentó crear un clima de inestabilidad que truncara la transición a la democracia (Matanza de Atocha, enero de 1977). Cuando esta estrategia fracasó, buscó acabar con la democracia mediante el intento de golpe del 23-F. La actitud del rey en defensa de la democracia y la falta de respaldo a los golpistas impidieron que el golpe de Estado tuviera éxito.
De este modo, entre 1977 y 1981 el número de atentados terroristas aumentó considerablemente con el objetivo de desestabilizar al gobierno. La violencia, la sensación de inseguridad y la crisis en el partido gobernante hicieron crecer el peligro de una intervención militar, alentada por la extrema derecha.
La violencia terrorista de ETA no cesó con la llegada de los socialistas. Destaca la creación de un frente político contra el terrorismo que se materializó en dos acuerdos: Pacto de Madrid (1987) y Pacto de Ajuria Enea (1988).
El capítulo más siniestro de la lucha antiterrorista fue la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que causaron 28 víctimas mortales en el entorno de ETA.
Durante el primer gobierno del PP la actividad de ETA no cesaba. En 1998, Irlanda del Norte alcanzó un acuerdo de paz. Con ese precedente se firmó el Acuerdo de Lizarra para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro días después ETA decidió declarar una tregua indefinida, pero tras un año de alto del fuego, ETA comunicaba el final de la tregua.

Cambios políticos, sociales y económicos
La evolución de la sociedad española continuó el proceso de modernización iniciado en los 60, hasta alcanzar las características propias de un país plenamente desarrollado.
La población activa española se distribuye en una estructura muy similar a la de los países más desarrollados: sector primario (menos del 5%), sector secundario (30%) y un claro predominio del sector terciario (por encima del 60%).
En las dos últimas décadas  se ha producido un notable incremento de la renta nacional bruta, que sitúa a España entre los 15 Estados más ricos del mundo. Además, España posee grupos empresariales de proyección mundial como Telefónica, Inditex, Banco de Santander…
La sociedad española ha experimentado la consolidación del Estado del bienestar. Se ha generalizado la enseñanza obligatoria, el número de universitarios y centros educativos ha aumentado. Otras mejoras han sido la universalización de la sanidad, la cobertura del desempleo y la generalización del sistema de pensiones.
Asimismo, han sido notorios los cambios en la estructura familiar, con el crecimiento de las familias monoparentales, el aumento de adopciones, regulación del divorcio…
Estas nuevas pautas sociales y culturales son fruto de una mejora del nivel de vida y también de una mayor integración de la mujer en el mundo laboral, lo cual ha supuesto un descenso en el número de hijos por familia. En los últimos 25 años se ha producido un notable incremento de la participación de la mujer en la vida política, social y laboral. Se lograron importantes avances en la equiparación laboral y social de la mujer con el hombre y se generalizaron actitudes más tolerantes hacia los comportamientos sociales.
En las últimas décadas del siglo XX, como resultado del desarrollo económico, España ha dejado de ser un país de emigrantes para convertirse en un país receptor. Ante la llegada de población de diferentes tradiciones culturales y religiosas, han surgido comportamientos xenófobos. Por ello, cada vez es más evidente la necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural que respete las diferencias.

Cultura y mentalidades
En el plano cultural, la muerte de Franco y la llegada de la democracia, trajo consigo un ambiente de libertad de expresión que se concretó en las manifestaciones culturales.
Los socialistas emprendieron entonces una importante labor de creación de museos, auditorios y centros culturales y aplicaron una destacada política de subvenciones a la producción cultural española.
Se incrementó la pluralidad ideológica con la aparición de nuevos medios de comunicación escritos como El País (1976), El Mundo (1989) y audiovisuales, con las televisiones privadas (Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Canal Pus) y cadenas autonómicas (TV3, Euskal-Televista, Canal 9, Tele-Madrid, Canal Sur…) Generalizándose también desde 2010 la TDT.
También el nuevo cine español ha irrumpido con fuerza en las pantallas europeas y norteamericanas con directores como Almodóvar, Garci, Trueba, Amenábar…
Ha habido un reconocimiento internacional de la cultura española: premios Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre y Camilo José Cela.
En los años ochenta destacó la movida madrileña. Todo ello propició que las mentalidades se transformasen: la sociedad se secularizó y el modelo de familia tradicional empezó a convivir con otros nuevos.
También ha cambiado la actitud ante la religión, con una mayor secularización de la sociedad. Aunque la mayor parte de la población española se confiesa creyente y católica, la práctica religiosa ha bajado considerablemente.
En los últimos años la irrupción imparable de la denominada sociedad de la tecnología, de la información y del conocimiento. Están produciendo notables cambios en las formas de vida y de relación social y cultural, sobre todo en la generación de los más jóvenes, en su mayoría consumados internautas. La creación de redes sociales a través de Internet ha abierto nuevos caminos de relaciones que sin duda van a modificar sensiblemente las pautas de sociabilidad vigentes.
Hoy día, la cultura española se ha normalizado por completo  y se desenvuelve dentro de las tendencias actuales del entorno internacional.




 16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto internacional.

La Unión Europea es una asociación de 28 Estados independientes. Se estableció con el Tratado de Maastricht en 1992 y es la sucesoria de la CEE (Comunidad Económica Europea) creada en 1957 con el Tratado de Roma.
La dictadura de Franco fue un obstáculo para la entrada de España en la CEE, formada sólo por países democráticos. Con el restablecimiento de la democracia, a partir de 1977, se propuso la entrada de nuestro país en la CEE.
En 1977 Adolfo Suárez solicitó la adhesión de España a la CEE y en 1979 se iniciaron las negociaciones. Como paso previo al ingreso, España debía firmar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades y la Carta Social Europea (junio 1985). 
La integración en la CEE fue el mayor logro de la política exterior del PSOE. El principal obstáculo para la integración de España en la CEE era el peso de nuestro sector primario: Francia temía perder cuota de mercado frente a España y Reino Unido quería reducir las subvenciones a la agricultura. Además, la entrada de España obligaba a aumentar los fondos estructurales sufragados por los países ricos de la CEE. Sin embargo, España contó con el apoyo de Alemania.
La integración en la CEE se hizo de forma gradual mediante un período transitorio. Durante ese periodo, los diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso llevar a cabo una reconversión económica. El objetivo era que España pudiera estar en situación de competir con los países más ricos. Para ello se produjo, a partir de 1984, un necesario y urgente programa de reconversión industrial, especialmente del sector naval, siderúrgico y textil, que significó inversiones en tecnología, en preparación profesional y en mejoras en la gestión pero que provocó el cierre de empresas y acentuó la conflictividad social, ya que tuvo unos elevados costes sociales (reducciones de plantilla, jubilaciones anticipadas…)
En la ganadería y la agricultura se establecieron cuotas de producción. En el sector pesquero se limitaron las capturas y se modernizó la flota.
Para reducir la inflación y el déficit público, imprescindible para que la economía fuera competitiva, el gobierno llevó a cabo una política fiscal y monetaria restrictiva que afectó directamente a los salarios y al gasto público.
Todas las exigencias de la CEE se desarrollaron en medio de una crisis económica, con tasa de desempleo del 22% y con fuertes tensiones sociales.

Para el ingreso en la CEE también fue necesario llevar a cabo reformas legislativas y sociales, adecuando las leyes, normas e impuestos a los del resto de países miembros. Se mejoró el sistema de recaudación de impuestos y se introdujo uno nuevo, el IVA. Con los impuestos se sufragaron las inversiones del Estado en políticas sociales (Educación, Sanidad, Seguridad Social…) y en infraestructuras (Transportes, energía…).
Para acelerar su acercamiento económico al resto de países, España recibiría cuantiosas ayudas (España será hasta el año 2013 receptor neto de importantes sumas de dinero a través de los fondos estructurales y de cohesión social (Fondo Europeo de Desarrollo Regional-(FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Estas ayudas han permitido la modernización de las infraestructuras, la mejora del sector agrícola mediante subvenciones y la financiación de planes de formación profesional, reciclado y creación de empleo. La integración significó participar en un amplio mercado de productos, capitales y personas y pertenecer al ámbito político de los países democráticos de Europa Occidental.

El 12 de junio de 1985, se firmó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.
Desde el 1 de enero de 1986 España es miembro de pleno derecho de la CEE.
España en la Unión Europea
Desde su entrada en la CEE España se ha mostrado como un activo socio europeísta participando en la elaboración y firmando todos los acuerdos importantes:
-Acta Única (1986). Este acuerdo pretendía conseguir un mercado interior real entre los Estados miembros, así como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría garantizada.
-Tratado de Schengen (1991) que establece un espacio común por el que puede circular libremente toda persona que resida en uno de los países firmantes del Convenio.
-Tratado de Maastricht (1992). Modificó los acuerdos fundacionales de la Comunidad Económica Europea y cambió su denominación por la de Unión Europea. Este acuerdo aceleró el proceso de integración europeo al proponer como objetivo la unión política de forma gradual.
Además, el Tratado propuso para 1999 la Unión Monetaria con la introducción del euro en los países que cumplieran los criterios de convergencia (déficit público e inflación bajos). En 1998 el gobierno del PP, presidido por José María Aznar, consiguió cumplir los criterios de integración en la Unión Monetaria como miembro de pleno derecho. Así, España se incorporó desde el principio a la Europa de la moneda única. A parir del 1 de enero de 1999 la nueva moneda empezó a funcionar como unidad de referencia, aunque no sustituyó físicamente a las monedas nacionales hasta el año 2002.
-Tratado de Niza (2003). Reformó las instituciones comunitarias para afrontar la ampliación de la Unión Europea.
-Aprobación en referéndum de la fallida Constitución Europea de 2004 (que fracasó por la falta de apoyo de otros países europeos).

Las consecuencias de la incorporación de España se han manifestado en un crecimiento económico constante. Desde 1996 hasta 2006, el crecimiento fue del 3% anual, y el PIB y la renta de los españoles se acerca al 98% de la media europea.
La prosperidad de los años 90 permitió reducir las tasas de paro, aunque España mantiene unos niveles superiores a la media europea. La legislación laboral permitió la aparición de los contratos temporales. En la actualidad España tiene el grado más alto de temporalidad laboral y trabajo precario.
También se pusieron en marcha políticas liberalizadoras para acabar con los monopolios del Estado. Se liberalizaron los transportes, energía y finanzas y se privatizaron empresas públicas como Telefónica, Repsol, Iberia…Gracias a las ventas de estas empresas disminuyó considerablemente el déficit presupuestario.
España es un país con un gran peso territorial y demográfico en la UE: es  el 2º país en extensión y el 5º en población. Su economía se ha transformado profundamente en las dos últimas décadas debido a las transferencias de grandes cantidades de dinero (fondos FEDER) con las cuales se han realizado fuertes inversiones en infraestructuras, se han desarrollado políticas de empleo y de formación, se ha promocionado las zonas rurales, se han remodelado antiguas áreas industriales y se han promovido proyectos medioambientales y de innovación en energías renovables.
La ampliación de la Unión Europea a 28 miembros, ha supuesto la entrada de países con una situación económica más desfavorecida que la española. Como consecuencia, en los últimos años, España ha visto reducidos los fondos comunitarios en beneficio de los nuevos países. España dejará de ser país receptor de fondos de la UE a país contribuyente.

El papel de España en el contexto internacional
En el marco de la U.E. España ha desempeñado un papel relevante en política exterior. Sus privilegiadas relaciones con América Latina, los países del Norte de África y el mundo árabe han permitido su mediación en conflictos y misiones de paz (tropas, labores humanitarias…)

Nuestro país se encuentra en una posición clave tanto desde dos puntos de vista:
-        geoestratégico (proximidad al continente africano y mundo islámico)
-        geocultural (proximidad lingüística e histórica con los países latinoamericanos)

En el norte de África se cuidan las relaciones con Argelia (primer proveedor de gas natural) y, sobre todo, con Marruecos (Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991) a pesar de sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el litigio sobre el Sahara occidental.
Participó en conflictos internacionales: Primera y Segunda Guerras del Golfo (1991 y 2003 respectivamente).
Desde 1991 se viene celebrando la Cumbre Iberoamericana, que reúne anualmente a los jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal y 20 países americanos con la finalidad de colaborar y encontrar soluciones comunes a problemas de tipo social y económico. Además, las actividades del Instituto Cervantes han contribuido a la expansión de nuestra lengua en EE.UU. y Brasil.
Por otra parte, España ha consolidado sus relaciones con los países mediterráneos europeos a través de la Unión Europea (Francia, Italia y Grecia) y de la OTAN (Turquía). Asimismo, los vínculos con los países del litoral norteafricano del Mediterráneo también son económicamente muy importantes para nuestro país.
El fortalecimiento de la posición internacional de la nueva España democrática en el escenario internacional ha significado la participación de nuestro Ejército en diversas misiones humanitarias y de pacificaciones a petición de la ONU (cascos azules) en diferentes lugares del planeta como: Angola, Namibia, Guatemala, Bosnia, Kosovo…
España es también miembro de muchos de los organismos especializados que forman lo que se llama el sistema de Naciones Unidas, tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc.
Asimismo, algunos ciudadanos españoles han ocupado lugares relevantes al frente de importantes organismos internacionales: Juan Antonio Samarach (presidente del Comité Olímpico Internacional), Rodrigo Rato (director  del Fondo Monetario Internacional), Javier Solana (desempeñó la secretaría general de la OTAN), etc.
España, en los últimos años, ha asumido un papel protagonista en las relaciones con Cuba, al convertirse en el mayor inversor y socio comercial europeo de la isla, además de perfilarse como el principal interlocutor entre la isla y la UE.
También España ha continuado se tradicional proyección mediterránea y ha fomentado la celebración de conferencias para impulsar la cooperación entre países de ambos lados de ese mar. La primera Conferencia del Mediterráneo se celebró en 1995 y en el año 2008, Barcelona fue nombrada sede del secretariado de la Unión por el Mediterráneo.
Finalmente España ha sido aceptada a las últimas reuniones del G-7. Ante los nuevos retos internacionales del siglo XXI, terrorismo e integrismo islámico, la posición española ha oscilado entre el alineamiento incondicional con EE.UU y el Reino Unido (con los gobiernos de José María Aznar, España participa en las operaciones militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003)) y la búsqueda de acercamiento entre occidente y oriente, con la Alianza de Civilizaciones (gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero) aunque manteniendo intactas las relaciones con la OTAN. El centro de la nueva política pasa a ser la lucha contra el terrorismo internacional.

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